Hay dos cifras que me vienen una y otra vez a la mente: 1.800 millones y 220 billones. Estos números representan la abrumadora desigualdad existente en nuestro planeta. En 2019, aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el mundo vivían sin hogar o en una vivienda sumamente inadecuada, careciendo a menudo de servicios básicos como los aseos o la electricidad. En paralelo, el valor global del mercado de la vivienda residencial es de aproximadamente 220 billones de dólares americanos, lo que lo convierte en el negocio más lucrativo del planeta. La brecha entre ambas cifras está repleta de leyes, políticas y estructuras que convierten a la vivienda en una mercancía, en un lujo y en un lugar donde aumentar el capital mientras se permite una precariedad extrema en la vivienda y un aumento de las personas sin hogar. Nuestras sociedades están construidas para beneficiar a unos pocos y no a la mayoría.
En mis seis años como Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda (y desde entonces) me he reunido con muchos gobiernos locales y nacionales. La mayoría reconoce que la falta de vivienda es un problema social grave, pero rara vez es tratado como una cuestión sistémica. En su lugar, se considera que las personas sin hogar son fracasos individuales basados en estereotipos discriminatorios: drogadicción, discapacidad psicosocial, pereza. En el mejor de los casos, las personas sin hogar son tratadas como marginadas; en el peor, se les acorrala y se les trata como indigentes y criminales.
La mayoría de los gobiernos occidentales apoyan la financiarización de la vivienda, considerándola principalmente como una mercancía y una herramienta financiera, abriendo la puerta a las instituciones financieras, los inversores y las entidades corporativas para que controlen los mercados y sistemas de vivienda. Mediante leyes fiscales preferentes y una débil protección de los inquilinos, los gobiernos se aseguran de que la vivienda sea un negocio excepcionalmente lucrativo para actores financieros como las empresas de capital privado y los fondos de pensiones, con acceso a una riqueza sin precedentes. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos no reconoce ni admite que la precariedad de la vivienda, que incluye a las personas sin techo, a menudo afectadas por alquileres cada vez más inasequibles o desahucios y por la debilidad de la protección de los inquilinos, está integrada en el paradigma de la vivienda que ellos mismos defienden y en los sistemas que crean.
La consecuencia de todo esto está cargada de ironía. Los gobiernos hacen la vista gorda a su papel en la creación de una enorme desigualdad en sus ciudades y, a su vez, denuncian que las calles están llenas de personas que no tienen donde vivir. En lugar de solucionar la cuestión reformando las causas estructurales de la falta de vivienda, recurren a la solución rápida de hacer desaparecer a esas personas sin techo del paisaje urbano.
La arquitectura contra los sin techo es habitual en todo el mundo: púas colocadas bajo los pasos elevados de las autopistas o bancos con reposabrazos poco prácticos situados justo en la mitad para evitar que la gente se tumbe. Los gobiernos ceden a las protestas «NIMBY» (siglas en inglés de «no en mi jardín»), generadas por los miembros de la comunidad con mayores recursos, contra la construcción de viviendas sociales y refugios en sus barrios. La policía se despliega para reunir y expulsar a las personas sin hogar de las calles, multarlas, concentrarlas en un solo lugar o, lo que es peor, trasladarlas sin opciones de alojamiento.
Estas políticas de «ojos que no ven, corazón que no siente» son una afirmación por parte de los gobiernos de que las ciudades y los espacios públicos están pensados para algunas personas, pero no para todas, y se basan en concepciones arraigadas de quién cuenta y quién no.
La pandemia ha sacado a la luz las profundas desigualdades existentes en gran parte de las sociedades de todo el mundo. También ha brindado una oportunidad única para reevaluar y rehacer. La ONU ha iniciado conversaciones sobre un nuevo contrato social y varios economistas como Mariana Mazzucato y grupos como Omidyar Network están reimaginando el capitalismo. Existe un consenso cada vez mayor de que estas conversaciones y las políticas que surjan deben estar basadas en un grupo de valores establecidos para que surtan efecto. Ningún replanteamiento del capitalismo o del contrato social puede ignorar el destacado papel de los sectores financiero e inmobiliario en las economías nacionales y globales, representando a menudo una porción significativa del PIB de un país, integrados en la arquitectura financiera de un estado, ya sea en las instituciones financieras nacionales o como beneficiarios de una política monetaria ventajosa, de las condiciones de los préstamos y de la situación fiscal. El modelo de negocio y los valores que subyacen a la relación entre estos actores y la vivienda tendrían que ser alterados de forma significativa: habría que pasar de un modelo basado en la extracción de riqueza a un enfoque que se centre en la generación de seguridad y bienestar de los hogares y que ponga a las personas en el centro.
Se trata de un cambio radical. Sin embargo, ya ha sido reconocido por los gobiernos a través de sus compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La mayoría de los estados han ratificado tratados y se han comprometido a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto obliga a la toma inmediata de medidas a largo plazo para garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a una vivienda adecuada y asequible, para que puedan vivir seguros y con dignidad. Por tanto, los gobiernos deben dar los pasos necesarios de forma urgente para abordar el problema de las personas sin hogar y su criminalización. Es necesario el reconocimiento de que la actual financiarización de la vivienda está impulsando el aumento de las personas sin hogar, la precariedad de la vivienda y su alto precio, y se deben adoptar medidas para derogar o promulgar disposiciones legislativas y políticas que garanticen que los actores privados no sólo no hacen daño, sino que contribuyen positivamente a la materialización del derecho a la vivienda.
La belleza del enfoque de los derechos humanos en materia de vivienda radica en la exigencia de que los actores privados y su uso de la vivienda para la acumulación de riqueza pasen a un segundo plano, al tiempo que sitúa a las personas que viven sin hogar en el centro de la escena. Los derechos humanos disipan la idea de que las personas que viven sin hogar son delincuentes o, incluso, meros receptores de caridad, y las reconoce como titulares de derechos y expertas en sus propias vidas.
Si la pandemia es un canto de sirena para el cambio -para el renacimiento de las ciudades basadas en valores fundamentales de no discriminación, igualdad y bienestar humano-, la respuesta es adoptar un enfoque de derechos humanos.
IMAGEN PRINCIPAL: Viviendo en la calle. Foto © Dani Powell